EN PARTIDA DOBLE
EDICION 893
CORRESPONDIENTE
AL 04 DE ABRIL DE 2017
ALEJANDRO MARES
BERRONES
La actuación del gobernador
fue la de un vulgar virrey…
Carlos García y Cabeza de
Vaca, enemigos de la Libertad de Expresión
…Y la del presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, como su fiel lacayo
Si bien es cierto, que la iniciativa de reforma y adición al Código
Penal para el Estado de Tamaulipas fue enviada por el Poder Ejecutivo, fue la
LXIII legislatura del Congreso Local, la que por unanimidad la votó a favor,
por indicaciones de Carlos García González, presidente de la Junta de
Coordinación Política, esto ha dejado muy mal parado al gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, a 6 meses de su gobierno de “los vientos de
cambio”…
Carlos García
González, de nada le ha servido el haber sido dos veces diputado federal por el
PAN y de manera “fastrack” convirtió a Cabeza de Vaca en enemigo de la libertad
de expresión…
Y es que si a
alguien odian los panistas, es precisamente a los periodistas, estas reformas
no solo atentaban contra los ciudadanos comunes, también contra los
profesionales de la pluma, la radio, la televisión y contra aquellos que
practican el ciberperiodismo y todo por culpa de Carlos García González…
Y es que este
diputado “de marras”, al asumir el puesto de presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado, se llevó con él, como parte de
su cuerpo técnico a sus “bañaperros”, entre ellos Carlos Reyes…
LA VERSION PRIISTA
Fue el legislador
priista, Alejandro Etienne Llano, quien públicamente le puso el dedo al ahora
tristemente célebre de Carlos García González, quien a partir de hoy y para
siempre será conocido como el más mediocre y sumiso de los presidentes de la
Junta de Coordinación Política que ha tenido el Congreso del Estado.
Etienne Llano
dijo:
“El decreto
se votó en “FastTrack”, apenas el miércoles (29 de marzo) recibimos el decreto
del Ejecutivo para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Penal
del Estado”.
Agregó:
“Dos horas
antes de iniciar la sesión ordinaria nos entregaron el documento de 31 páginas
y en cuestión de minutos votamos a favor”.
Y
vergonzosamente se excusa:
“Nosotros
(los priistas) lo aprobamos en el ánimo de no regatear ninguno de los esfuerzos
que se estén haciendo en materia de seguridad”.
Las
intenciones de reforma y adición al Código Penal del Estado de Tamaulipas, que
pretendía el gobierno de Cabeza de Vaca y el propio Carlos García González, y
que violan los artículos 6 y 7 constitucionales, corrió como reguero de
pólvora, a lo largo y ancho del estado, en cuestión de horas, el tema llegó a
nivel nacional y más tarde al plano internacional, al grado que el gobernador,
fue catalogado de represor por esa “LEY MORDAZA” y enemigo de la libertad de
expresión…
LOS CANACOS, DUROS Y A LA CABEZA
En Matamoros
los primeros en manifestarse contra las pretensiones del gobernador y las de su
lacayo Carlos García González, fueron los directivos de la Cámara Nacional de
Comercio y en voz de su director jurídico Christian Eduardo Pérez Cosio,
solicitaron:
“Solicitamos
al Congreso del Estado de Tamaulipas y al Presidente de la Junta de
Coordinación Política el revisar las implicaciones legales de
inconstitucionalidad y de coacción a la libertad de expresión que este decreto
implica, la Federación de Cámaras de Comercio está en contra de este decreto y
no apoya ni apoyará ningún intento por pretender limitar las expresiones u
opiniones personales o de medios…
Pedimos
formalmente al Congreso que de reversa a estas modificaciones al Código Penal y
la Constitución del Estado y que en el futuro previo a cualquier ley o reforma
de esta naturaleza se realice con las consultas a la sociedad y organismos
empresariales”.
Por su parte,
Julio Almanza Armas, alto dirigente de la FECANACO, dijo que esta federación
reprueba cualquier intento de coartar o atentar contra la libertad de
expresión, este decreto aprobado el 29 de marzo es primitivo y retrógrada y nos
pone al nivel de Cuba, Korea del Norte o Venezuela por las implicaciones de
censura que conlleva, por lo cual pedimos al Congreso del Estado y a su
presidente Carlos García, revierta este decreto, censurador y
anticonstitucional”.
Fue ARTICLE
19 el que más criticó al gobierno de Cabeza de Vaca y al nefasto y malévolo Carlos
García González, que como presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, es su obligación el no aprobar este tipo de leyes que atentan
contra las garantías individuales de las personas consagradas en los primeros
29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
ARTICLE 19 es
una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del
mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, la que en
el Congreso de Tamaulipas, que timonea el pastor de Carlos García González,
estuvieron a punto de pisotear.
Esta
organización defensora de la Libertad de Expresión toma su nombre del artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la
libertad de expresión…
Con relación
a lo que intentó el gobierno de Cabeza de Vaca y el Congreso del Estado al que
mueve a su antojo, ARTICLE 19 sacó un boletín, el cual reproducimos íntegro
para quede en la historia negra del Congreso del Estado, el cual ahora si
podemos decir que mal timonea Carlos García González y a todas luces se observa
que su patrón, es precisamente el gobernador del estado y no el pueblo de
Tamaulipas.
EL BOLETIN DE ARTICLE 19
Y dice así:
Ciudad de México, 1 de abril de
2017.-El día 29 de marzo fueron aprobadas diversas reformas al Código Penal de
Tamaulipas en “7”. El Congreso de aquel estado, con dispensa de trámite, aprobó
la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, en la cual se incorporan diversos
delitos que afectan directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
“En el contexto vivido en Tamaulipas
resulta especialmente preocupante dado que al clima de silenciamiento impuesto
por la violencia, ahora se suma la censura impuesta por la ley para erradicar
la única brecha que ha encontrado la información para salir: la ciudadanía a
través de las redes sociales.
“Tres son los delitos recién
aprobados que son susceptibles de ser utilizados contra el ejercicio legítimo
de la libertad de expresión: 1) ultrajes, 2) “halconeo” y 3) modificación de
información con fines de dañar o desprestigiar alguna persona o institución
privada o pública (anti-memes).
“Los dos primeros, cabe recordar, ya
fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
“1) En el caso del “halconeo”, el
cual es delito grave, el artículo 171 Quater establece penas de 7 a 15 años de
prisión quien “en pandilla o dentro de una asociación delictuosa o banda,
realice las funciones de obtener información o comunicar a la agrupación
delictiva para comunicarles sobre la ubicación, acciones, actividades,
movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad
pública o de las fuerzas armadas” (Fracción VIII).
De la misma manera castiga a quien
“por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se
pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se
efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u
otros sistemas electromagnéticos o por cualquier medio avise o indague sobre
las actividades, operativos, ubicación o, en general, respecto de las labores
que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de
seguridad pública”(Fracción IX).
“En este caso, señala que quedan
exceptuados los periodistas que desempeñen su trabajo cuando difundan dicha
información “después de que lleva a cabo” el operativo, y siempre y cuando la
información no se encuentre “reservada por ley”.
Resulta sumamente lamentable, que a
pesar de que dicho delito –aún vigente en 21 estados- ya ha sido declarado
inconstitucional por el máximo Tribunal del país debido a su ambigüedad e
imprecisión, el Congreso del Estado de Tamaulipas –por iniciativa del Poder
Ejecutivo- insista en adicionarlo en la ley penal local.
Al respecto la Suprema Corte ha
señalado que los delitos de halconeo tiene un impacto desproporcional sobre un
sector de la población: el gremio periodístico… al criminalizar la búsqueda de
toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de
justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser
los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información
sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público,
por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea
periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico”.
2) De la misma manera, se reformó el
artículo 189 del Código Penal del Estado de Tamaulipas para castigar con seis
meses a dos años de prisión y 20 a cien veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, a quien “ultraje toda expresión directa o indirecta o
toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o
contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio”.
Al igual que el delito de “halconeo”,
el delito de ultrajes –aún vigente en 26 entidades del país- ya ha sido
declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
debido a que es un delito sumamente ambiguo y carente de precisión en las
conductas que pretende sancionar.
Adicionalmente, como lo ha señalado
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicho delito inobserva
el llamado sistema dual de protección de la libertad de expresión, el cual
reconoce que los funcionarios públicos tienen un umbral menor de su honor y
reputación, precisamente porque la naturaleza de su encargo les obliga a soportar
las críticas y porque están sometidos a un riguroso escrutinio público.
En este sentido, tienen el deber de tolerar
incluso aquellas expresiones que les puedan resultar chocantes, mordaces,
irritantes y cáusticas.
LEYES DE DESACATO
Un aspecto particularmente
preocupante, es que la modificación al artículo 189 del Código Penal de Tamaulipas
incluye la llamada “ofensa a las instituciones”.
La CIDH, ha señalado desde 1995 que
las llamadas “leyes de desacato” (ofensa a funcionarios e instituciones) son incompatibles
con la Convención Americana de Derechos Humanos al brindar mayor protección a
los funcionarios que a los ciudadanos y restar la posibilidad de un debate
democrático robusto en el cual los poderes públicos se encuentren bajo control
y escrutinio de la ciudadanía.
Por su parte, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, ha señalado que los Estados no deben prohibir la crítica a
las instituciones, como al Ejército y la administración.
3) Por último, el artículo 207
Quáter, prevé de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien “sin
autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o
equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de
seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución
privada, se le impondrá una sanción.
“Peor aún, se aumentará una tercera
parte de dicha pena cuando sea cometido en contra del gobernador o cualquier
servidor público del Poder Judicial, la Procuraduría local, personas con cargo
de elección popular y los gobiernos municipales.
Este tipo de delitos, además de la
confusa redacción, pretenden castigar la crítica mediante los llamados “memes”,
mismos que encuadran en el supuesto de “modificación” de la información
contenida en sistema de cómputo o en redes sociales, como fotografías o
imágenes.
En principio, este delito busca
inhibir la utilización de redes sociales para abonar al debate público que por
otros medios es mínimo o prácticamente nulo.
En particular, como lo ha sostenido
de manera reiterada la CIDH, resulta desproporcionada la aplicación del derecho
penal cuando se trata de discursos especialmente protegidos emitidos en
internet, esto es, informaciones o expresiones sobre asuntos de interés
público, funcionarios públicos o personas voluntariamente comprometidas en
asuntos de interés público.
Relacionado con lo expuesto en cuanto
al delito de ultrajes, la crítica de las instituciones es una actividad que se
debe garantizar y respetar por el Estado, no castigar.
En todo caso el desprestigio de los
funcionarios públicos se genera por sus propias acciones, no por un supuesto
abuso de la libertad de expresión.
Todas las reformas y adiciones arriba
descritas, violentan los principios básicos del derecho penal en el contexto de
un “Estado Democrático de Derecho”.
Ello se traduce en un derecho penal
que sea la última ratio e implique la mínima intervención sobre la conducta de
las personas.
Debe tomarse en cuenta que la vigencia
de estos delitos, aún sin aplicarse a personas en lo individual, causan un
efecto inhibidor en la libertad de expresión, ante el peligro de que cualquier
expresión relacionada con las autoridades sea castigada con cárcel.
Por ello, ARTICLE 19 “exige que el
Gobernador del Estado de Tamaulipas ejerza sus facultades de observar estas
modificaciones (veto) con la finalidad de que el Congreso del Estado,
reconsidere y remueva las disposiciones que agravian directamente la libertad
de expresión. En caso de publicarse estas reformas, ARTICLE 19 exhorta a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ejerza su facultad de
interponer acción de inconstitucionalidad contra las mismas”.
Lo anterior fue lo que ARTICLE 19 dio
a conocer y que me parece que debe quedar para la posteridad, pues lo que
pretendía el gobierno panista era castigar a quien se burlara de sus
funcionarios a través de las redes sociales y lo peor es que pedían cárcel para
quien lo hiciera, inclusive para los periodistas…
EL VIRREY Y SU LACAYO
Ese ataque a la libertad de expresión
de los tamaulipecos lo realizó Carlos García González y el gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, que para acabarla de amolar son primos.
Para cubrir un poco la vergüenza,
ante el pueblo de Tamaulipas y la comunidad nacional e internacional, Cabeza de
Vaca y su gobierno emitió el comunicado TAM-102-2017, fechado en Abril 2 del
2017, en cual reconoce lo absurdo y la ignominia que estuvo a punto de cometer.
El comunicado de la vergüenza reza:
“El Gobierno de Tamaulipas reitera que la esencia de la reforma al Código
Penal de Tamaulipas, tiene como objetivo fundamental contar con elementos
jurídicos para sancionar conductas realizadas por personas y grupos vinculados
con la delincuencia, las cuales atentan contra la paz y la tranquilidad de los
tamaulipecos”…
“La reforma tiene como objetivo
eliminar el denominado “halconeo”, que se ha extendido en varias localidades
como una representación más del crimen organizado, que aprovecha para alertar
la presencia de fuerzas policiales o armadas y evitar sus operativos; la
reforma también pretende evitar que los servidores públicos de todos los
niveles sean exhibidos y se comprometa su integridad física o su vida”.
Se defiende:
“El uso de herramientas tecnológicas es
habitual entre los grupos delictivos, razón por la cual la reforma las
consideró como un aspecto central para sustentar la relación causal que puede
haber entre la comisión de los delitos y su encubrimiento, como en el caso del
llamado halconeo”.
Luego llora sobre la leche derramada:
“El Gobierno de Tamaulipas entiende y
es sensible a las preocupaciones que ha generado la reforma entre quienes
ejercen el periodismo y usan los medios digitales como forma de interacción
para mantener informada a la población, e incluso para evitar que la gente
corra riesgos innecesarios en situaciones de emergencia…
“Sin embargo, esta reforma no implica
ni restricciones indebidas, ni censura alguna, pues los derechos a la libre
expresión y a la información de todas las personas, en especial de los
periodistas y comunicadores, se encuentran plenamente garantizadas”.
Negó, lo que por decretó intentó:
“En ningún momento se planteó que las
adecuaciones tuvieran como fin coartar la libertad de expresión y el ejercicio
periodístico, y mucho menos, las acciones de particulares que den a conocer
hechos en el momento en que ocurren”.
Y dijo que respetará a los
periodistas:
“El Gobierno de Tamaulipas está
comprometido con respetar el ejercicio libre del periodismo y la libre
expresión de los ciudadanos, pero sobre todo, tiene un fuerte compromiso con
los tamaulipecos que demandan acciones legales y efectividad de las
corporaciones de seguridad, para recuperar la paz, el orden y la tranquilidad
social”.
Y reculó el gobernador:
“Por tal razón, en uso de sus
atribuciones legales, el Gobierno de Tamaulipas ha decidido no promulgar la
reforma al código penal, y este próximo lunes 3 de abril, estará presentando al
Congreso del Estado los ajustes correspondientes”.
EL ODIO A LOS PERIODISTAS
Con esto queda claro, que el gobierno
de Cabeza de Vaca, tiene un gran problema en su relación con los periodistas,
pues desde su llegada al poder, ha relegado a los comunicadores e inclusive en
Matamoros, en algunas de sus visitas, ya se dieron algunas confrontaciones
contra nuestros colegas, por parte del aparato de seguridad del gobernador y
también por parte de su coordinación de comunicación social…
Al parecer, Cabeza de Vaca, cree que
los periodistas de Tamaulipas somos delincuentes…lo que pretendió el gobernador,
es una vulgar y corriente actitud de virrey y su pastor congresal, su lacayo de
Carlos García González, es grave, lo bueno fue que estas leyes no se
promulgaron…
Y cuando digo “lo bueno”, eso es para
ellos, porque de lo contrario, estaríamos exigiendo la renuncia o juicio político contra el gobernador y su
lacayo Carlos García González, quien pretende ser alcalde de Matamoros, porque
él dice que ya le toca… ‘robar’…mejor que sea mayor de Brownsville, Texas en
donde realmente vive.
Nos vemos en la próxima y recuerden:
¡El lenguaje como legítima defensa!.
