EN PARTIDA DOBLE
EDICION 914
CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO DE 2017
Alejandro Mares Berrones
En Tamaulipas, un Fiscal Anticorrupción que no
cumple con el perfil del SNA, pues lo puso el gobernador
Que lamentable que el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), no está dando los resultados que los mexicanos
esperábamos; principalmente en las entidades federativas, en donde los
gobernadores en turno, como el caso de Tamaulipas, ponen al Fiscal
Anticorrupción.
En este país las cosas no van a cambiar,
ni tampoco la corrupción y la impunidad van a desaparecer, mientras el Poder
Judicial, se encuentre supeditado al Poder Ejecutivo, todo, absolutamente todo
seguirá igual, lo que se requiere es un cambio de régimen, eso es lo que
verdaderamente le urge a la nación.
Resulta que el Comité de Participación
Ciudadana (CPC), que forma parte de la estructura del SNA, interpuso dos
recursos extraordinarios ante Juzgados Federales, ya que la gran mayoría de los
gobernadores y Congresos Locales, no han cumplido con lo que marca la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y el propio artículo 113
constitucional…
Las entidades federativas, sus
gobernadores y sus respectivos Congresos, de conformidad con la citada ley,
deben de implementar en sus respectivos estados un Sistema Local
Anticorrupción, muy pocos lo han hecho, esto ha obligado a que el CPC interponga estos dos amparos…
El primero de ellos fue contra los
Congresos Locales y gobernadores, ya que estos en su ámbito de competencia no
reformaron su legislación de la materia, no realizaron las modificaciones
conforme lo estable el artículo 113 constitucional y las leyes que han emanado
de este numeral.
El segundo de los amparos, se interpuso
contra las leyes locales de responsabilidades administrativas para que se reconozca
que el Congreso de la Unión es el único responsable para legislar en la materia
y pretende que el juzgador determine que los Estados carecen de facultades
válidas para emitir leyes en materia de responsabilidades administrativas…
La pretensión del CPC es que el Poder
Judicial obligue a los estados a generar leyes de responsabilidades
administrativas en sintonía con la ley general en la materia.
Según el informe del CPC, el único
estado que ha armonizado su legislación anticorrupción es Nuevo León, que
timonea Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien llegara a la gubernatura de manera
independiente, es decir, sin partido político.
El reporte del Comité de Participación
Ciudadana (CPC), señala que en los casos de Chihuahua y Veracruz no han
reformado su constitución local y que la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja
California, ni siquiera han emitido las leyes de los sistemas locales
anticorrupción, pese a que el término de ley venció el pasado 18 de julio.
Otras 21 entidades federativas no han
destinado recursos financieros, ni infraestructura para el funcionamiento de
sus órganos anticorrupción y el estado de Yucatán ni siquiera incluyó la
asignación de recursos en su Ley Anticorrupción, esto nos da una muestra de lo
“mal parido” de este Sistema Nacional Anticorrupción y como dice el dicho: “lo
que mal empieza, mal acaba…”.
La
estructura del SNA
Por principio de cuentas, este SNA, iba
a tener el siguiente organigrama o estructura según el anteproyecto de la
Secretaría Ejecutiva del SNA, que consistía en dos unidades, la primera de
ellas, es la de Riesgos y Política Pública y la otra es la de Servicios
Tecnológicos y Plataforma Digital; así como 8 direcciones generales: de
Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación Social; de Diseño,
Planeación y Evaluación de las Políticas; de Infraestructura Tecnológica; de
Seguimiento y Análisis de Riesgo; de Sistemas y Operaciones y de Vinculación
Interinstitucional.
De lo anterior el Comité Coordinador,
que es el órgano de gobierno y que está conformado
por la PGR, CPC, ASF, SFP, Inai, el Tribunal de Justicia Administrativa y el
Consejo de la Judicatura, solo aprobó las dos unidades y 3 direcciones
generales, que son la de Administración, de Asuntos Jurídicos y de Vinculación
Interinstitucional, esto es de acuerdo a lo publicado el pasado 21 de julio, en
el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Quedaron fuera las otras 5 direcciones,
entre ellas la de Comunicación Social y como lo dijo un diario nacional, el SNA
ha nacido mudo contra la corrupción, ya que de golpe y porrazo no dará a
conocer lo que hace o no hace; tampoco podrá informar (como lo publicó el Excélsior), si
detecta alguna irregularidad en las instituciones que la integran,
sencillamente el Sistema Nacional Anticorrupción, nació mudo y con una estructura
“mocha” o coja.
La lógica, tan sesuda, aplicada por el
Comité Coordinador (máxima autoridad colegiada del SNA), es que todas las
instituciones que integran el sistema, cuentan con una dirección de
comunicación social y pueden actuar como auxiliares de este organismo.
El Comité Coordinador, está obligado de
acuerdo a la Ley General del SNA, a establecer una plataforma digital que
integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e
información necesaria para que pueda establecer políticas integrales…
Y para ejemplificar, lo antes dicho y
demostrar lo mal que funciona el SNA; la Secretaría de la Función Pública
(SFP), a través de su último boletín, dio a conocer que ha reintegrado a la
Tesorería de la Federación, desde el 2013 hasta julio de 2017, un total de
15,775 millones de pesos, por medio de sus áreas centrales de auditoría y de
los Órganos Internos de Control (OIC).
Lo anterior, es muy deficiente, en
comparación con lo que se han robado los ex gobernadores, ex alcaldes y los
actualmente gobernadores y alcaldes, así como legisladores y funcionarios
públicos, organismos como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.
La corrupción va en aumento y para
muestra basta un botón, el caso de Tamaulipas, donde ahora “soplan los vientos
de cambio”, cambio que solo fue de palabra, pues tal parece que sigue
gobernando el PRI en lugar del PAN, pues hasta la fecha, a casi un año del mal
gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los ex funcionarios
priistas, “andan muy malitos”, ya que “Cabecita”, no les ha hecho absolutamente
nada…
Al contrario, el ex gobernador Egidio
Torre Cantú, se da la gran vida, vida de sultán o de rey, disfruta de lo
hurtado, goza de una impunidad institucional que le brinda Cabeza de Vaca, no
solo de aquella millonaria residencia que se mandó a construir en San Pedro
Garza García, Nuevo León, eso es una peccata minuta de lo que robó Torre Cantú.
El
Fiscal Anticorrupción, el recomendado de Egidio
Ahora sale, Francisco “Kiko” Elizondo,
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, con la verborrea
de que “pronto verán a ex funcionarios en la cárcel”…
A caso “Kiko” Elizondo, es Juez o Agente
del Ministerio Público y hasta aseguró que será en las cuentas públicas donde
se castigue a funcionarios del sexenio pasado que hayan cometido actos de
corrupción…
Y todavía, “Kiko” Elizondo tuvo el
cinismo de pedirle a los tamaulipecos “paciencia”, ¡no manches!, en Veracruz,
inmediatamente se actuó contra el corrupto de Javier Duarte, ¡claro!, allá en
aquel estado, no hubo pactos de impunidad, como acá en Tamaulipas, donde Cabeza
de Vaca, protege a Egidio Torre Cantú.
Vergüenza le debería de dar al
gobernador salir a la calle y ver a los tamaulipecos a la cara, pues prometió
que metería a los corruptos a la cárcel y no lo ha hecho.
También prometió que Tamaulipas sería el
estado más seguro y resulta que somos primer lugar en extorsiones, secuestros y
con las carreteras más inseguras del mundo.
Y también vergüenza le debería de dar,
el nombrar a un Fiscal Anticorrupción (Javier Castro Ormaechea), el cual estuvo
en el gobierno de Egidio Torre Cantú, como director de averiguaciones previas
de la corrupta Procuraduría General de Justicia del Estado…
Desde esa Dirección de Averiguaciones
Previas, el Congreso del Estado sacó a Castro Ormaechea por recomendación de
Egidio Torre Cantú, perdón, del gobernador Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, entonces que no salga “Kiko” Elizondo conque “pronto veremos en la cárcel
a ex funcionarios”.
“Al
cuarto, para el ratito”
En el último día de labores del segundo
periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, los legisladores locales
escogieron a Castro Ormaechea, de entre 23 aspirantes, 18 días antes del término
que les exigía la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el Foro Anticorrupción organizado por
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Fidel Gallardo Aguilar líder de este
organismo dijo que lo ideal sería que el fiscal anticorrupción hubiera salido
de la sociedad y que no hubiera estado fungiendo como funcionario de justicia
en los últimos 3 años…
Como lo marca la multicitada Ley
Anticorrupción, situación que no les importó, ni al gobernador Cabeza de Vaca,
ni a los diputados locales, violando por principio de cuentas la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la famosa Ley 3 de 3.
La Ley 3 de 3, define reglas claras de
conducta para los servidores públicos, así como sanciones para los corruptos,
en ella se establece la obligación de hacer públicas 3 declaraciones:
La patrimonial, que consiste en que se
transparenten los bienes y cuanto tienen los funcionarios; la de Intereses,
esta tiene que ver con el historial y red de contactos y la fiscal, que paguen
impuestos y todo lo referente a sus declaraciones informativas y anuales de los
servidores públicos.
Obligaciones que en Tamaulipas, ningún
funcionario da cumplimiento, con la excepción de que el único que lo ha hecho
es el gobernador, pero a medias.
El Diputado Federal del Verde, Omar Noé
Bernardino Vargas, dijo públicamente que iba hacer un exhorto a la Cámara de Diputados, pues no es posible
que los diputados locales de Tamaulipas, echen a la basura el espíritu del
Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, es muy clara, el Fiscal Anticorrupción debe emanar de la
sociedad civil, ser apartidista, abogado, y no pertenecer a ningún partido
político…
Todos esos requisitos, en Tamaulipas son
letra muerta y se puso a un Fiscal Anticorrupción a modo…
¡Sí! a modo de Cabeza de Vaca y de
Egidio Torre Cantú, hasta en eso, el gobernador azul le brinda impunidad
institucional a su antecesor.
Nos vemos en la próxima y recuerden: ¡El
lenguaje como legítima defensa!.
